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jueves, 17 de febrero de 2011

Contaminación en la cuenca del Riachuelo



Contaminación en la cuenca del Riachuelo

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Exámenes realizados por el INTI y por un laboratorio estadounidense determinaron la presencia de la sustancia contaminante en un predio de La Matanza. La empresa rechazó la acusación.


Legisladores de la Coalición Cívica, con el respaldo de la organización ambientalista Greenpeace, presentarán hoy una denuncia judicial contra una empresa dedicada a la fabricación de productos de fibrocemento, tejas de hormigón y tanques de polietileno, por la presunta “existencia de un basural de residuos tóxicos” (asbesto) en un predio propiedad de la firma, en González Catán, partido de La Matanza. La denuncia tiene por objetivo reclamar la recomposición del predio, la realización de un estudio epidemiológico y la inmediata asistencia médica y sanitaria a los vecinos a los que se les detecten problemas de salud originados en la contaminación. Estudios realizados por el INTI detectaron la presencia de asbesto en muestras extraídas del predio, tomadas por activistas de Greenpeace. Incluso el dato fue ratificado por un laboratorio de Estados Unidos. No obstante, voceros de la multinacional Eternit SA aseguraron que la empresa “no utiliza asbestos en su producción desde inicios de 2000” y remarcaron que en el predio se realizan “los análisis y mediciones” de seguridad ambiental, por lo cual “no es peligroso” para el barrio.

La demanda está basada en una investigación que da cuenta de que en un predio de la firma Eternit SA hay residuos de asbesto, una sustancia cancerígena (ver recuadro), esparcidos en un terreno “sin ninguna medida de seguridad y control”, a pocos metros de una zona urbana. Por medio de muestras del suelo, se pudo comprobar la “presencia de asbesto en los restos de fibrocemento que están esparcidos en la superficie y también bajo tierra, sin que hayan contemplado las medidas de seguridad necesarias”, precisa el informe “Residuos de Asbesto en la Cuenca Matanza-Riachuelo”, de Greenpeace.

Las muestras se tomaron en diciembre pasado en las “grandes tortas de lodo que se ven en la superficie” del terreno y en los escombros hallados en una excavación realizada al azar en el predio. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realizó los análisis cualitativos y sus resultados “arrojaron la presencia de minerales de asbesto variedad crisotilo (amianto blanco)”, se precisó. Las muestras también se enviaron al laboratorio Omni Environmental Inc. de Texas, Estados Unidos, donde se corroboró “la presencia de crisotilo en una proporción del 30 por ciento”. A su vez, se tomaron muestras de suelo sobre una de las lomas del terreno y la microscopía “demostró la presencia de fibras de asbesto”.

El terreno, ubicado en Céspedes y Jorge de Kay, en González Catán, fue autorizado en 1998 por la Secretaría de Política Ambiental bonaerense para la construcción de una Unidad de Disposición Final para los Residuos, que consiste en una “celda de seguridad” de hormigón. Sin embargo, “por encima de esa celda siguieron enterrando escombros con residuos de asbesto y también por sobre el terreno a cielo abierto”, explicó a Página/12, Consuelo Bilbao, coordinadora de la campaña Riachuelo de Greenpeace.

Desde el Departamento de Comunicación de Eternit SA señalaron que “no se manipula ni se generan residuos con asbestos” desde hace más de una década. Y precisaron que la celda de seguridad “está cerrada desde el ’99”.

Agregaron que se realizan “mediciones de tierra, agua y aire trimestrales”, por lo que subrayaron que “no hay particulado en el aire con asbesto”. En diálogo con este diario, enfatizaron que el predio “no es peligroso” para los vecinos y remarcaron que “las medidas de seguridad se están cumpliendo”. A 500 metros del lugar se localizan viviendas.

La investigación fue iniciada hace un par de meses por el concejal de La Matanza Edgardo Lobos, a partir de la denuncia de vecinos. La presentación contra Eternit SA y la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), encargada del saneamiento de esa área, quedará radicada en el Juzgado Federal de Quilmes. “Acumar viene incumpliendo una y otra vez lo dispuesto por la Corte”, aseguró la diputada nacional Fernanda Reyes.

Informe: Soledad Arréguez Manozzo.

martes, 1 de febrero de 2011

FLEURQUIN, MENDEZ, NIEVES Y SARSALE EN EL CENTRO RECOLETA




FLEURQUIN, MENDEZ, NIEVES Y SARSALE EN EL CENTRO RECOLETA

Sobre contaminaciones y contagios

 


Por Fabián Lebenglik

La muestra Abstracción contaminada, que reúne a Liliana Fleurquin, Alberto Méndez, Elena Nieves y Jorge Sarsale, es un hallazgo porque encuentra los cruces y convergencias de artistas independientes entre sí, con imágenes y poéticas que no siempre sintonizan, pero que aquí, gracias a la intuición grupal de entrever las tensiones y las similitudes comunes y a la excelente curaduría de Eduardo Stupía, brillan por sus “provisorias” (según precisa Stupía) coincidencias.

La muestra no sólo permite conocer ciertos aspectos de la obra de cada uno de los cuatro sino que se centra en la trama de sendos procesos creativos, y en determinadas obsesiones compartidas en torno del dibujo y sus adyacencias. En este sentido, la exposición resulta modélica porque su objetivo explícito –bellamente logrado– es mostrar la “contaminación” en toda su extensión artística, creativa y metafórica.

Liliana Fleurquin (Buenos Aires, 1953) egresó de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y es además arquitecta. Expone en forma individual y colectiva desde mediados de los años ’80. Entre sus principales muestras individuales se destacan Paisajes (galería Altamira, Maracaibo, Venezuela, 1984); Pinturas y cajas desplegadas (galería La Capilla, Buenos Aires, 1984); Oleos y Gouaches (galería Lawrence-Esucomex, Santiago de Chile, 1985); Pinturas (Casa de la embajada argentina en México, 1991), Tunas (Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, 1992) y Pinturas (galería Adriana Indik, Buenos Aires, 1993). Su última individual en Buenos Aires fue una muestra de pinturas en la galería Gachi Prieto, en 2009. Participó de numerosas exposiciones grupales, colectivas y premios, nacionales e internacionales.

Alberto Méndez (Buenos Aires, 1966) se formó en cursos y seminarios con Luis Felipe Noé, Juan Carlos Romero, Valeria González y Hernán Marina; es además abogado. Expone individual y colectivamente desde hace ocho años.

Entre sus muestras personales se destacan Pinturas (La Casona de los Olivera, Buenos Aires, 2003); Letra y punto (Lila Mitre Espacio de Arte, Buenos Aires, 2005); El amor es una escritura muy cruzada (Museo de Arte Contemporáneo Raúl Lozza, Alberti, provincia de Buenos Aires, 2007); Mapeo (Proyecto La Línea Piensa, Centro Cultural Borges, Buenos Aires, 2007); No vendo mis sueños porque duermo poco (Barraca Vorticista, Buenos Aires, 2008); y S/T sobre tinta (Carla Rey Arte Contemporáneo, Buenos Aires, 2010). Durante los últimos años fue seleccionado en varias ediciones de los principales premios del país.

Elena Nieves (Buenos Aires, 1967) egresó de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y realizó seminarios con Luis Felipe Noé.

Expone individual y colectivamente su obra desde mediados de los años ’90.

Entre sus muestras individuales: Aire del agua (Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, 1996); Amores infinitos (galería Beckett, Buenos Aires, 2002); Atravesando el vacío (Proyecto La Línea Piensa, Centro Cultural Borges, Buenos Aires, 2007); La transparencia de la sombra (galería Factory-Art Contemporanea, Trieste, Italia, 2008); Naturaleza oculta (galería Praxis Arte Internacional, Buenos Aires, 2009); y Paisaje latente (galería Artestudio Clocchiatti, Udine, Italia, 2010). Participó en los principales salones y premios nacionales, donde obtuvo varias distinciones.

Jorge Sarsale (Buenos Aires, 1952) es arquitecto y se especializó como artista en los talleres y seminarios de Noé Nojechowiz, Luis Felipe Noé, Carolina Antoniadis y Fabiana Barreda, entre otros. Expone su trabajo desde fines de la década del ’80. Sus principales muestras personales son: Area de resonancia (Heriard-Cimino Gallery, Nueva Orleans, 2008); Todo el pasado por delante, pasaje (Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, 2005); Signos inciertos (galería Angela Sacristán, Madrid, 2000); Sitios. Paisajes inciertos, sitios probables (Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, 1999); Destierros (galería Angela Sacristán, Madrid, 1999; Galería del Metro, Madrid, 1998). Participó de exhibiciones grupales nacionales e internacionales como Futurity (Heriard-Cimino Gallery, Nueva Orleans, 2008); Salón Nacional de Pintura, Fundación Banco Nación, Centro Cultural Borges; 24 horas soñando (Muestra Homenaje a Raúl Lozza, Museo Lozza, Alberti, provincia de Buenos Aires, 2008); Pintura sin pintura (Centro Cultural de España en Buenos Aires, 2005); Estudio Abierto Avenida de Mayo, Edificio Barolo, Buenos Aires (2004); Estudio Abierto Retiro, Edificio Harrod’s, Buenos Aires; Premio Universidad de Palermo, Museo Nacional de Bellas Artes (2003). Ganó una mención en el Salón Nacional de Artes Visuales de 2009 y una mención honorífica en el Salón Nacional 2008 de la Fundación Banco Nación. Participó del Programa de Residencias Artísticas del Santa Fe Art Institute, Nuevo México (EE.UU., 2008) y del Programa Internacional de Intercambio, Atlantic Center for de Arts, Florida (2004).

La experiencia más reciente que reunió –entre otros artistas– a los cuatro fue la exposición colectiva Del piso al techo, una antología del dibujo contemporáneo, en la galería porteña Chez Vautier, en 2010.

Tres de ellos (Méndez, Nieves y Sarsale) han participado con sendas exposiciones individuales del proyecto La Línea Piensa, dirigido por Luis Felipe Noé y Eduardo Stupía, en el Centro Cultural Borges.

Siguiendo el razonamiento que en el texto de presentación del catálogo de la exposición hace el propio Stupía, el grupo de artistas no se reúne con la intención de lanzar un manifiesto sino bajo la consigna programática que tan certeramente expresa el título de la muestra. La propuesta es hacer una defensa en la teoría, pero especialmente en la misma práctica artística de la impureza y la contaminación como fuentes, canales y caminos inagotables, productivamente indeterminados y en perpetua expansión.

Los cuatro, desde sus “provisoriamente” convergentes obsesiones, ponen a funcionar el factor contaminante con una avidez y un rigor sistemáticos que incluye el paisaje abstracto y cierta condición geométrica. Pero aquí se trata de paisajes como de geometrías ex profeso desviados, desbordados, como si ambos géneros (el paisaje, la geometría) hubiesen sido contagiados por un virus que produce metamorfosis, transformaciones y tensiones en todos los niveles del sistema y en todas sus reglas, escritas –o más bien dibujadas– y no escritas.

Paisaje y geometría abstractos se alimentan mutuamente, se complementan (se contaminan) para presentar una reflexión alrededor de las tensiones entre abstracción y figuración como excusa para avanzar en el descubrimiento de ese mismo territorio.

La sala C del Centro Cultural Recoleta, por su particular disposición, resulta difícil para plantear el montaje de una muestra. El pasillo/sala paralelo a la sala principal corre siempre el riesgo de ser desaprovechado. Aquí se lo aprovecha lúcidamente, porque se lo usa para presentar el programa de la muestra.

El punto de partida es un gran friso con obras de pequeño y mediano formato de los cuatro artistas, mezcladas y desplegadas en un juego donde se impone el balance entre lo individual y lo grupal. Se trata al mismo tiempo de un juego del “quién es quién” y de un políptico colectivo.

Como escribe el curador: “Inventan –hay quien preferiría decir ‘descubren’– y despliegan arbitrarios ingresos de otras resonancias, en las que se cuelan el paisajismo, la ornamentación y la gráfica, por citar sólo algunos ejemplos, y tensan elegantemente la cuerda del equilibrio, la distorsión, el contrapunto y la ruptura, con límites y consignas sumamente estrictos, y a la vez muy productivamente laxos. Su método de trabajo se ve rigurosamente marcado por un movimiento de constante desenfoque y de vuelta a enfocar de los elementos semánticos, para que el campo visual sea más bien un teatro de escamoteo y esquive antes que de revelación; no tanto una escena eficaz sino una suma de síntomas. Desde este peculiar punto de inflexión de sus propias trayectorias, y frente a la particular coyuntura actual de festiva hipervisualidad, ofrecen una obra renuente, endógena, que es más bien hipótesis de diversas formas de contagio, vademécum de códigos incógnitos en íntima contaminación, donde toda fijación o perfección última se halla puesta en duda, suspendida en una sanguínea hibridez de laboratorio, con cada pieza nutrida y criada de manera tal que sólo pueda respirar con aire viciado”.

Abstracción contaminada consigue proyectar los itinerarios creativos de cada uno de los cuatro artistas, tanto o más que una muestra individual, porque concentra y por eso al mismo tiempo expande las obras de los cuatro.

* En el Centro Cultural Recoleta, Junín 1940, hasta el 20 de febrero.

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Cuatro artistas de procedencias y estilos diferenciados reúnen en una misma exposición un amplio conjunto de obras convergentes. Paisajes y geometrías abstractos bajo la consigna programática de la “contaminación”.

jueves, 30 de septiembre de 2010

Los glaciares tendrán su ley protectora


EL SENADO SE APRESTABA A SANCIONAR ANOCHE LA NORMA QUE REGULARA LA EXPLOTACION DE LA ZONA PERIGLACIAR

Los glaciares tendrán su ley protectora

Mientras el senador Daniel Filmus pugnaba porque se aprobara el proyecto que tuvo media sanción de Diputados, su par –de la misma bancada– César Gioja trataba de sumar voluntades para ratificar el texto que había salido del Senado. Paridad de fuerzas.

Por Miguel Jorquera

El país tendrá una ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares. Aunque al cierre de esta edición, ya bien avanzada la madrugada, el Senado continuaba el debate sobre dos iniciativas en un final abierto por la paridad de fuerzas que ambas iniciativas recogen entre los senadores. La ratificación del proyecto iniciado por la Cámara alta que cuenta con el apoyo de la mayoría de las provincias cordilleranas y la modificación realizada en Diputados con medidas más restrictivas dividió al bloque kirchnerista y provocó fisuras en las bancadas del radicalismo y el peronismo disidente. La Presidenta se comprometió a no volver a vetar la ley cualquiera fuera la decisión que adopte el Congreso.

Aunque con matices, todos los sondeos previos le adjudicaban “una luz” de ventaja al proyecto aprobado por unanimidad del Senado. El primer muestreo fue la mayoría exigua que alcanzó la propuesta dentro de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, donde 8 de los 15 senadores que la componen firmaron el dictamen a favor de ratificar la iniciativa de la Cámara alta.

La presión que ejerció la mayoría de las provincias cordilleranas sobre los senadores logró modificar la tendencia a su favor. Siete de los diez gobernadores de esa región firmaron un documento que ratifica como propios los recursos naturales de sus territorios, incluidos los glaciares. Incluso, propusieron el texto de una ley provincial, que todos ellos se comprometían a ratificar, para que una ley nacional no condicionara su propia legislación.

Tres de ellos, encabezados por el sanjuanino José Luis Gioja, llegaron hasta el Senado con una propuesta de máxima: que no haya una ley nacional. La de mínima, era que si había ley, el texto fuera el aprobado por el Senado. Respaldado por el riojano Luis Beder Herrera y el jujeño Walter Barrionuevo, Gioja argumentó ante los senadores que la media sanción modificada en Diputados “iba en contra de la actividad minera, principal recurso económico de su provincia”.

Su hermano, el senador César Gioja, fue el encargado de reclutar voluntades a favor de esa postura. Los cuestionamientos a la iniciativa modificada en la Cámara baja se centraban en la definición de “áreas periglaciales”, en que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia) fuera el único organismo de aplicación sin contemplar a las provincias; y la paralización de los emprendimientos mineros en actividad hasta que el Ianiglia terminara el relevamiento de las zonas protegidas por la futura normativa.

Del otro lado, el también oficialista Daniel Filmus juntaba adhesiones a favor de la media sanción de Diputados, cuyo texto elaboró con el diputado opositor Miguel Bonasso. Sin embargo Filmus tuvo que apelar a algunas modificaciones en su intento de vencer la resistencia de algunos senadores que simpatizan con la propuesta y no relegar su posibilidad de convertirla en ley.

Filmus quitó del dictamen de minoría –que respaldaron seis de los 15 senadores de la Comisión de Ambiente–, el artículo 17 del texto de la Cámara baja. Allí se establecía que “en las áreas potencialmente protegidas por la presente ley, no se autorizará la realización de nuevas actividades hasta tanto no esté finalizado el inventario y definidos los sistemas a proteger. Ante la solicitud de nuevos emprendimientos, el Ianiglia priorizará la realización del inventario en el área en cuestión”. El senador justificó la eliminación argumentando que esas condiciones ya estaban establecidas en los artículos 2 y 15 del proyecto. Varios de los senadores que respaldan las medidas más restrictivas que incorporó la Cámara baja, también avalaron la decisión de Filmus aunque sostuvieron que “lo que abunda no daña”.

La eliminación fue cuestionada por quienes están alineados con los gobernadores cordilleranos. El neuquino Horacio Lores, del MPN, dijo que el Senado podía aprobar o rechazar la modificación de Diputados “pero no podía volver a modificarla”. Filmus ganó esa pulseada en el recinto, después de que el secretario parlamentario Juan Estrada afirmara que el sistema de revisión de leyes estaba en sintonía con el veto presidencial establecido en la reforma constitucional del ’94, por lo cual el Senado podía aprobar o rechazar todas o cada una de las modificaciones realizadas por la Cámara revisora.

Filmus también apuntó en el recinto a sumar voluntades. “No estamos en contra de la industria de extracción, bienvenida sea, pero que lo haga fuera de las zonas protegidas. Nuestra prioridad es el ambiente y el cuidado de la vida de la población”, dijo e instó a los senadores a dar “el tranco que falta” para no quedarse a mitad del camino.

Luego insistió en que el acceso al agua potable fue considerado por la ONU como “el derecho humano más importante después de la vida”. Por eso lanzó una comparación entre la necesidad de preservar el agua y la actividad de la minera canadiense Barrick Gold y el cuestionado emprendimiento de Pascua Lamas de extracción de oro en la provincia de San Juan. “Debemos preservar el agua para nuestros hijos y la futuras generaciones. En cambio el oro termina en lingotes en Suiza”, sentenció. Gioja, su principal adversario en el debate, debía esperar que pasaran una veintena de oradores para responderle. Pero aprovechó la intervención del radical santacruceño Alfredo Martínez para pedir una interrupción y dar su opinión, donde tampoco faltó una asociación con la Barrick. “Opino igual que él, debemos el tema de las regalías mineras. La normativa ha quedado vieja y su modificación significaría mayor equidad para las provincias. Pero tampoco matemos a la gallina de los huevos de oro”, soltó.

A medianoche todavía faltaban una veintena de oradores, entre ellos los jefes de cada bloque. La intervención de cada senador volvía a mostrar las opiniones encontradas y la paridad de fuerzas. La disputa se dirimiría en plena madrugada. Independiente de qué proyecto se apruebe, el mismo se convertirá en ley.


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-154084-2010-09-30.html

sábado, 25 de septiembre de 2010

Tribunal Ético a la Minería de Frontera



El Tribunal Ético a la Minería de Frontera busca sentenciar éticamente a las transnacionales extractivas por sus acciones en contra de las comunidades y el medio ambiente. Emprendimientos emblemáticos como el de Pascua Lama en la nortina frontera chilena-argentina, que ha causado un gran rechazo social por sus tremendas implicancias, serán parte de los casos que se utilizarán como prueba para una dar una sentencia a un modelo ex ...tractivo que se ha venido extendiendo en el continente en los últimos años.

La minería transfronteriza elimina las restricciones en las zonas limítrofes de los países, creando territorios binacionales bajo la administración de las empresas transnacionales. Esto sucede, por ejemplo, con el proyecto Pascua Lama de Barrick Gold y El Pachón de Xstrata en la frontera entre Chile y Argentina en la Cordillera de los Andes, y hasta el día de hoy existen una serie de interrogantes que los servicios públicos no han podido responder.

Estarán los testimonios de los conflictos de proyectos mineros en la frontera de Guatemala con El Salvador (Mina Cerro Blanco de Gold Corp.), Brasil y Bolivia (El Mutún en El Pantanal), Perú con Ecuador (Cordillera del Cóndor), y Chile con Argentina y el emblemático proyecto Pascua Lama y El Panchón.

Para lograr esta condena pública y ética desde la sociedad civil latinoamericana habrá un panel de jueces conformado por personalidades ligadas a la defensa de los derechos humanos, al mundo sindical, a la labor pastoral y a la defensa del medioambiente, y de los derechos de los pueblos indígenas.

Este Tribunal se realizará el 30 de septiembre en el salón de la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT, Alameda 1346) desde las 9 de la mañana. La entrada es gratuita. Más información en www.olca.cl


Convocan Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y el Saqueo, Argentina; Acción Ecológica, Ecuador; CooperAcción, Perú; Foro Bolivariano sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Fobomade; Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA; y Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL. Ver más

domingo, 22 de agosto de 2010

LEONARDO BOFF Y EL AGUA: EL MANIFIESTO DE ROSARIO PARA AMERICA LATINA.


LEONARDO BOFF Y EL AGUA: EL MANIFIESTO DE ROSARIO PARA AMERICA LATINA.


Agua como derecho y bien universal

En el Manifiesto de Rosario se estableció que el agua es vitalidad y que atraviesa toda existencia, animal, vegetal y a todo ente inorgánico. Al ser el agua, vida en sí en nuestra Tierra, es un derecho de toda la naturaleza. No es una mercancía. No es objeto de apropiación privada. Pertenece al bien común universal. Por ello, tiene que estar en manos públicas y comunitarias.



Por Aníbal Ignacio Faccendini *

El documento que hicimos con Leonardo Boff, denominado "Manifiesto de Rosario sobre el Agua", tuvo su día de gloria. El viernes trece de agosto de este año, fue ampliamente apoyado por la Universidad Nacional de Rosario, el Ministerio de Aguas y Servicios Públicos de la provincia de Santa Fe, el Ente Regulador de Servicios Sanitarios, la empresa Aguas Santafesinas, representante del Ministerio de Trabajo, organismos ambientales, entidades de derechos humanos y sociales, como así también distintos credos religiosos. Todos adhirieron entusiastamente a esta declaración en una reunión en el rectorado de nuestra universidad pública. Allí, junto al gran pensador brasileño expusimos la declaración de Rosario.

Cuando elaboramos el Manifiesto conjuntamente con Leonardo, era indudable que el espíritu que nos guiaba era y es la democratización del acceso al agua, no sólo del hombre sino también de toda vida. Coincidimos en la instalación prioritaria en nuestra cultura del biocentrismo desplazando así, al antropocentrismo. La vida es la reina de la naturaleza. O sea, la naturaleza es la soberana en sí y para sí. Hay que romper con toda monarquía o actitud principesca del hombre sobre lo existente. La modernidad positivista, impuso la ajenidad, esto es, el hombre por fuera de su contexto. Necesario para dominar y conquistar. Se tuvo que ubicar al humanismo por fuera de la naturaleza. Pues se conquista lo ajeno, lo que está por fuera de sí.

El mercado, la modernidad, son grandes planificadores de desastres en nuestra única comunidad que es la Tierra. La lógica del sistema es que a toda vida se le puede imponer la mecánica mercantil, es decir hacer negocios y ganancias. Todo, a dicha visión, es una gran mercancía que cosifica toda creatividad. El mercadocentrismo, es un gran impulsor del tedio y de su procedente cotidiano el aburrimiento. Porque expande la falsa idea de la certeza, típica del positivismo y del cálculo. Sabemos, supuestamente, lo que vamos hacer y repetir todos los días, aún después de muerto. Es la vida para el consumo. ¿Y la vida para la naturaleza? ¿cuándo?.

El agua, desde la modernidad líquida (neomodernidad) nos viene a decir que existe la incertidumbre y que puede escasear gravemente en el año 2050. Se calcula que la población mundial treparía a nueve mil millones de personas, de los cuáles aproximadamente cinco mil millones no tendrían integral acceso al agua y a saneamientos. Lo que más lo padecerían serían los países del sur. También, lamentablemente se avizorarían guerras por el agua. Los mercantilistas ya hablan del "oro azul" equiparándolo con el "oro negro" del petróleo. Vale aclarar, que se puede vivir sin petróleo pero no sin agua. La diferencia es oceánica y no corresponde la equiparación. Hay vida más allá del mercado.

El Manifiesto de Rosario, toma del agua, su metamorfosis constante. Pues, es vitalidad que atraviesa toda existencia, animal, vegetal y a todo ente inorgánico. Al ser el agua, vida en sí en nuestra Tierra, es un derecho de toda la naturaleza. No es una mercancía. No es objeto de apropiación privada. Pertenece al bien común universal. Por ello, tiene que estar en manos públicas y comunitarias.

Durante veinte años he luchado, para que el agua sea un derecho humano fundamental, parecía otrora un reclamo imposible. Sonaban entonces lo dicho por Max Weber cuando planteaba que "Es una verdad probada por la experiencia histórica que en este mundo sólo se consigue lo posible si una y otra vez se lucha por lo imposible". En julio de este año, se hizo realidad este derecho tan esperado. La ONU, por iniciativa de Evo Morales, declaró el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano esencial. Es un gran paso. Va a ser ahora difícil para los estados nacionales y para la comunidad internacional, hacer la vista gorda ante los tres niños que por minuto mueren en el mundo por no acceder a agua segura o a las dos millones de personas adultas que mueren por año por contaminación hídrica. Y, así podríamos seguir enunciando este genocidio silenciado y naturalizado.

Conversando con Leonardo Boff, coincidíamos en que la problemática del agua es más grave que la del cambio climático. Sin embargo, el problema ambiental se agudizaría si a la escasez se le sumaba el calentamiento de la Tierra.

El profesor Ricardo Petrella, referente mundial de la temática hídrica y director honorario de la Cátedra del Agua de la UNR que presido, ha señalado que la escasez ambiental de esta esencial sustancia se debe fundamentalmente a factores políticos. Los estados nacionales no se hacen cargo de la situación y los organismos supranacionales tampoco han resuelto medidas idóneas que pongan límite a este genocidio planetario. Tampoco los países desarrollados son solidarios con los del sur para que puedan contar con recursos económicos para desarrollar los servicios sanitarios. Los estados del norte pretenden que los del sur sean custodios de los reservorios de agua dulce ante la escasez. Ya que la población de éstos no acceden por falta de inversiones. Semejantes asimetrías se deben resolver con paz, cooperación y solidaridad. Por ello, en el "Manifiesto de Rosario sobre el Agua" para América Latina, planteamos que la Conferencia por el Cambio Climático a realizarse en Cancún (México) los primeros días de diciembre del corriente; se considere la temática del agua, como punto prioritario e independiente dentro de la agenda de la conferencia, para que consagre una solución para que no quede impune semejante y actual catástrofe ambiental.

Tenemos que desracionalizar la modernidad. El cálculo cartesiano y la ciencia que no piensa, nos hizo abandonar el asombro. Es el asombro el que nos conecta con la realidad manifiesta para transformarla.

* Coautor con el Dr. Leonardo Boff del "Manifiesto de Rosario sobre el Agua". Director Profesor de la Cátedra del Agua de la UNR. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Docente de la UNR.


http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/18-24984-2010-08-22.html




viernes, 20 de agosto de 2010

Charla: Ambiente, Sociedad y Bicentenario


Hora 31 de agosto · 16:00 - 21:30

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Lugar Salón de los Escudos, Senado. 51 entre 7 y 8, La Plata

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Las comisiones de Derechos Humanos y Garantías, y de Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo Humano invitamos a una charla en la que disertarán Horacio De Belaustegui, presidente de la Fundación Biosfera, y Alcides Aguirre, presidente de Brisa Social ONG.

sábado, 31 de julio de 2010

Denuncian al ingenio La Florida por contaminación


Viernes 30 de Julio de 2010 13:54 Por orden de la Justicia Federal, una patrulla de Gendarmería constató y tomó pruebas de los efluentes con vinaza que arroja la fábrica.



Una patrulla ambiental de Gendarmería Nacional constató que el ingenio La Florida arroja efluentes con vinaza, en el marco de una denuncia por contaminación contra esa fábrica.

Los uniformados, que actuaron sobre una causa que se tramita por ante el juzgado Federal Nº1, a cargo del Raúl Bejas, tomaron pruebas del líquido que, de acuerdo con el comunicado, ingresa a las instalaciones de la planta y atraviesa varias fincas de la zona.

El canal, de color oscuro y olor nauseabundo, corre de forma paralela a la ruta provincial 303.

La patrulla -a cargo del subalferez Hugo Chicahuala e integrado por los cabos Walter Gabriolo y Eduardo Ortiz, dependientes del Escuadrón 55 Tucumán- siguió la trayectoria del líquido.

"El efluente termina su recorrido en una finca ubicada a pocos kilómetros de la ruta nacional 34, en Santiago del Estero. Tiene características similares a los que presentan los residuos de la industria azucarera y un olor que se puede detectar a distancias considerables", afirma el comunicado. LA GACETA ©


http://www.lagaceta.com.ar/nota/391374/Informacion_General/Denuncian_al_ingenio_Florida_contaminacion.html


lunes, 5 de julio de 2010

EL MONITOREO DEL RIO URUGUAY NO SE LIMITARIA A BOTNIA Y RECORRERIA LA FRONTERA COMUN


EL MONITOREO DEL RIO URUGUAY NO SE LIMITARIA A BOTNIA Y RECORRERIA LA FRONTERA COMUN

Controles sobre toda la ribera

Las negociaciones entre Argentina y Uruguay para vigilar en conjunto a la pastera incluyen un plan para monitorear la contaminación del río en los 500 kilómetros limítrofes, incluyendo las plantas industriales y los efluentes cloacales urbanos.



Por Laura Vales

Si Argentina y Uruguay consiguen acordar el plan de vigilancia para Botnia, junto con el monitoreo de la planta habrá además un segundo plan destinado a controlar la contaminación del río en los 500 kilómetros de frontera compartida. Esto implica entrar a las fábricas instaladas sobre la ribera de Entre Ríos. En la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) están haciendo un mapeo de las industrias propias. ¿Habrá sorpresas, como anticipan en Montevideo?

Un primer dato es que las fábricas ubicadas sobre el río del lado argentino son pocas, apenas tres. Hay dos parques industriales importantes –en Concordia y Gualeguaychú–, pero no están ubicados sobre el río, sino sobre arroyos tributarios (lo más probable, dicen los técnicos, es que se los controle pero no a través de la CARU). Lo que aparece como una fuente segura de contaminación no son las industrias, sino los desechos cloacales de varias ciudades que todavía no tienen plantas de tratamiento. Uno de los casos es Concordia, donde viven nada menos que 150 mil personas.

Argentina y Uruguay se dieron un plazo de 60 días –que vence a principios de agosto– para definir cómo realizarán el monitoreo ordenado por la Corte de La Haya. La semana pasada, el canciller Héctor Timerman llevó a los uruguayos la propuesta argentina, que no hizo pública por considerar que eso podría enturbiar las negociaciones. En la Cancillería dicen que quieren esperar a que Uruguay analice con tranquilidad la propuesta y dé una respuesta. “Si esto se empieza a discutir por los medios, va a ser imposible un acuerdo”, es la advertencia.

De las pocas cosas que se dieron a conocer, se sabe que habrá dos planes de vigilancia, uno para Botnia-UPM y otro para el río Uruguay, que la Argentina aceptó que se controlen las industrias propias y que quiere que los datos científicos se difundan “en tiempo real”, esto es simultáneamente a su registro. Es claro que no todo será automático, ya que hay muestreos que deben pasar por laboratorios. En algunos casos, por ejemplo el control de las dioxinas y furanos, las muestras se mandan a Canadá, porque aquí no hay tecnología para analizarlas. Pero el criterio es que los resultados, apenas se obtengan, sean puestos a disposición de quien los quiera consultar.

El proyecto de crear una universidad ambiental binacional con sede en Gualeguaychú es un tema secundario al control de Botnia. De hecho, no figura en la propuesta que Timerman llevó a Uruguay. La idea está, pero como un tema a desarrollar más adelante, una vez que se resuelva la cuestión prioritaria, que es el acuerdo para los planes de vigilancia.

De las tres fábricas del lado argentino, hay una que tiene antecedentes por contaminación. Se trata de Fanaquímica, en Colón. “La clausuramos en el 2008 durante un tiempo corto, en el que cumplió un plan de contingencia y solucionó el problema”, contó el secretario de Medio Ambiente entrerriano, Fernando Raffo. Según el funcionario, fue “un problema con el color del efluente, más que con las sustancias volcadas”.

Lo detectaron porque a raíz del conflicto por BotniaUPM, la provincia salió a hacer controles; no querían que en pleno juicio de La Haya surgieran denuncias por falta de cuidado ambiental.

Las otras dos industrias son Resinas Concordia y el establecimiento avícola Las Camelias, que faena pollo y elabora harinas de ese origen. Ambas están monitoreadas y no se espera que generen sorpresas.

“Las causas de contaminación del río no son tanto las plantas industriales, sino los efluentes cloacales, tanto de Argentina como de Uruguay”, anticipa el secretario de Medio Ambiente. Un repaso de la situación: Concordia, la ciudad más populosa de la ribera del río Uruguay, no tiene planta de tratamiento, ni tampoco Concepción del Uruguay. Gualeguaychú, en cambio, tiene una planta considerada modelo, inaugurada por el intendente anterior, Daniel Irigoyen; Federación y Colón también tratan sus efluentes cloacales antes de volcarlos al río. Del lado argentino, tanto en la Cancillería como en la gobernación coinciden en que este va a ser el problema mayor, y el primero que se deberá encarar.

En cuanto a los dos parques industriales, es claro que también deberán ser controlados, pero como están sobre arroyos tributarios, a 10 o 15 kilómetros del río Uruguay, posiblemente al control lo haga la gobernación, y la CARU vigile si los arroyos llegan contaminados al río Uruguay.

El parque industrial de Gualeguaychú tiene 27 plantas fabriles, seis de las cuales tienen efluentes líquidos. Los tiran a la Cañada Melgar, que en el arroyo Gualeyán, que desagua en el río Gualeguay, que finalmente llega al Uruguay. El caso de Concordia es similar, ya que está sobre un arroyo, 5 a 8 kilómetros antes del río.

Un control serio será un tema complejo y progresivo. Hay todavía más factores que hacen a la sanidad del Uruguay, como el uso de agroquímicos en la siembra de soja, que las lluvias arrastran del campo al río. Está además la represa de Salto Grande, que desde su construcción genera floraciones algales, algas de un verde fosforecente que ensucian el agua y resultan tóxicas para los bañistas. Finalmente, como marcó el presidente uruguayo José Mujica, está el problema de la contaminación que viene de Brasil, donde nace el río.

El tema clave, por una cuestión de escala y tipo de producción, seguirá siendo la vigilancia de Botnia-UPM, ya que la elaboración de celulosa está considerada entre las actividades más contaminantes de la industria. Por otra parte, no se trata de una fábrica estándar, sino de una megaplanta, que toma del río 1900 litros de agua por segundo. Todas las demás industrias sumadas, de uno y otro lado del río, no llegan ni a hacerle sombra en cuanto al uso del agua.
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domingo, 4 de julio de 2010

Con 45 días de demora, el PE pagó los estudios sobre Pacará Pintado


MEDIO AMBIENTE EL DESTINO DE LA BASURA


Con 45 días de demora, el PE pagó los estudios sobre Pacará Pintado


Domingo 4 de Julio de 2010 La acción de amparo para saber si el predio contamina fue impulsada a fines de 2007. Una perito deberá elevar un informe sobre las muestras recogidas a la Cámara Civil y Comercial en un plazo de 30 días


Para conocer si la planta de disposición final de los residuos de Pacará Pintado contamina el medio ambiente habrá que esperar hasta agosto. En rigor, una vez que las muestras de agua, de suelo y de sedimentos tomadas en el predio sean retiradas de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, una ingeniera química dispondrá de 30 días corridos para elevar el informe a la Justicia.

El último paso que se debía cumplir para que se avanzara con la causa se concretó durante la semana que pasó. Finalmente, y luego de haber sido intimado por la Cámara en lo Civil y Comercial Común, el Gobierno depositó los $ 11.900 que faltaban para costear el procesamiento de las muestras tomadas en el predio en el que seis municipios depositan sus desechos.

Las pericias fueron concretadas a fines del año pasado. Los vocales Carlos Miguel Ibáñez y Augusto Fernando Avila deben resolver un recurso de apelación deducido por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán. La entidad interpuso en diciembre de 2007 una acción de amparo colectivo y, en forma cautelar, reclamó el cierre de la planta, pero la medida fue rechazada en julio de 2008 por el extinto juez Juan José Aráoz.

La ingeniera química María Luisa Genta recogió las pruebas y las giró al laboratorio de la Estación Experimental para su análisis. En su momento, la cámara dispuso que el costo fuera afrontado en partes iguales por la federación y por el Estado provincial, como parte demandada. La federación ambientalista hizo efectivo el depósito el lunes 21 de diciembre. El Ejecutivo fue notificado de que debía asumir el pago el 18 de mayo, y lo efectivizó un mes y medio más tarde.

Antes del inicio de la feria judicial, la perito deberá retirar los estudios, tras lo cual contará con 30 días para elevar su dictamen a la Cámara en lo Civil y Comercial Común. Complementariamente, la sala tendrá que resolver un planteo de recusación en contra de Ibañez, impulsado por la federación ambientalista.


http://www.lagaceta.com.ar/nota/387064/Politica/Con_45_dias_demora_PE_pago_estudios_sobre_Pacara_Pintado.html


domingo, 13 de junio de 2010

LUIS LEISSA, INTEGRANTE DEL EQUIPO LEGAL DE LA ASAMBLEA DE GUALEGUAYCHU


LUIS LEISSA, INTEGRANTE DEL EQUIPO LEGAL DE LA ASAMBLEA DE GUALEGUAYCHU

“Esto no se resuelve judicialmente”

El abogado asegura que no fueron notificados del fallo del juez Gustavo Pimentel, que no sabe quiénes son los denunciados y que, como hace tres años que esa causa está parada, no pueden acusarlos de “resistencia a la autoridad”.



Por Laura Vales

Los abogados de la asamblea de Gualeguaychú van a presentarse el lunes en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay para tomar vista de la denuncia del Gobierno contra el corte. “Queremos saber quiénes son los denunciados, porque hasta ahora sólo tenemos rumores, algunos hablan de 25 personas, otros de diez o de once”, dice Luis Leissa, integrante del equipo legal de la asamblea. Esta es, hoy por hoy, la principal preocupación del equipo, donde dicen no tener todavía una estrategia de defensa porque no leyeron el texto de la denuncia, con las imputaciones concretas. De todas maneras, consideran que éste “no es un conflicto que se vaya a resolver en el plano judicial”, sino que debe tener una salida política.

–Hubo en estos días actividad judicial en el piquete, ¿se fotografió por ejemplo a los que cortan?

–No, nada. Tampoco fuimos notificados del fallo de (el juez subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo) Pimentel, lo que pone en el tapete lo absurda que es la denuncia, que nos acusa de resistencia a la autoridad. Como lo hizo notar el propio juez, la fiscalía hace tres años que no actúa, que no impulsa la causa contra el corte de ruta, ¿cómo vamos a cometer desacato o resistencia a la autoridad? Sorpresivamente, ahora el Ejecutivo nacional se constituye en querellante y criminaliza la protesta. De ambientalistas pasamos a delincuentes.

–El Gobierno señala que hay otro escenario porque La Haya ya se expidió.

–Lo que tiene que haber es una voluntad activa del Gobierno y no un proceso de resignación. El Gobierno debería emplear su virulencia en reclamar específicamente al Uruguay que cumpla con el Estatuto (del río Uruguay) y con lo que dijo la Corte en su fallo. Porque el canciller (uruguayo Luis) Almagro sale a decir que la Argentina no puede tomar muestras en Botnia porque está por medio “la soberanía nacional”. Queremos que los exámenes y la investigación (sobre si hay contaminación) se haga en la propia Botnia, dentro de la planta. El apego a la ley por parte del Uruguay sería un motivo para traer tranquilidad a Gualeguaychú y descomprimir el conflicto.

–En su fallo, el juez Pimentel señaló que el corte no puede justificarse como el ejercicio al derecho de la legítima defensa porque no está afectando a Botnia, sólo afecta a terceros.

–El tema en derecho ambiental es que los impactos son transfronterizos, trascienden las autonomías de los estados nacionales. La protesta social se legitima porque está intentando frenar los efectos contaminantes de una empresa que atraviesa las fronteras nacionales. Acá hay varios estados en juego, el Uruguay, que resigna su soberanía, Finlandia que protege a una empresa contaminante, porque este tipo de emprendimiento ya no es aceptado en ninguno de los 27 países de la Unión Europea, todo esto impacta sobre pobladores de un tercer país que es la Argentina. Es decir que no se puede tomar cada cosa como si fuera inconexa.

–Como abogado, ¿qué aconsejó a los que están en el corte?

–Por ahora hay que esperar y ver qué estrategia se sigue. No podemos adelantarnos. Creo, sí, que es una cosa disparatada hablar de sedición, amenaza, daños a bienes públicos, etc. Aquí no hay delito, sino el ejercicio constitucional de un derecho a la protesta, garantizado por la Constitución y por tratados internacionales. La continuidad de la protesta de Gualeguaychú tiene que ver con la continuidad del delito en el que incurre Botnia, que arroja todos los días sus contaminantes al río.

–En estos días se ha dicho que, según La Haya, Botnia no contamina.

–Los que dicen eso manipulan el fallo. Lo que la Corte dijo fue que hay efectos aislados pero no duraderos de contaminación, y que la prueba sobre el resto no fue suficiente. Los jueces fueron a contrapelo de la doctrina de derecho ambiental moderno, porque en materia ambiental se aplica el principio de precaución y prevención, eso significa que es Botnia la que tiene que demostrar que no contamina. Cosa que Uruguay nunca hizo, no quiso hacer ni siquiera un estudio conjunto de impacto ambiental porque no podía, porque todos los datos sobre Botnia se los da la propia empresa, no son tomados por el Estado uruguayo. Pero en esto hay una especie de cerrazón informativa, de paradigma dominante a vencer. Se dice también que “hay que acatar el fallo”, mientras que el que no acata el fallo es el Uruguay, porque La Haya no se refirió nunca al corte de ruta.



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domingo, 6 de junio de 2010

URUGUAY ACEPTO CONTROLAR DE MANERA CONJUNTA LA PASTERA BOTNIA-UPM


URUGUAY ACEPTO CONTROLAR DE MANERA CONJUNTA LA PASTERA BOTNIA-UPM

Para cumplir con La Haya

Pese a declaraciones contradictorias, el gobierno de Mujica finalmente aceptó un acuerdo para monitorear la planta finlandesa y el estado de contaminación del río. La clave es que el control sea permanente.



Por Laura Vales

El miércoles, en la reunión que mantuvieron en la estancia de Anchorena, Cristina Kirchner y José “Pepe” Mujica firmaron un acuerdo para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte de Justicia de La Haya. Por él, los presidentes se comprometieron a implementar dos programas de monitoreo, “un plan de vigilancia para la planta de Botnia-UPM” y “un plan de control y prevención de la contaminación del río” en los 500 kilómetros de frontera entre Argentina y Uruguay. Este entendimiento no es de importancia menor, porque implica la aceptación uruguaya de controlar de manera conjunta el funcionamiento de la papelera y no solamente las aguas del río.

La Comisión Administradora del Río Uruguay, en su próxima reunión de trabajo -que no tiene fecha pero se estima será en diez días- deberá comenzar a discutir el diseño de estos programas. La CARU es el organismo binacional que entiende las cuestiones referentes al río, integrada por diez representantes, cinco argentinos y cinco uruguayos. El reciente fallo de La Haya, que avaló a Botnia para seguir funcionando, especificó que es éste el organismo que debe ocuparse del monitoreo conjunto.

La delegación argentina, según confirmaron a Página/12 fuentes de la Cancillería, insistirá en la reunión en la propuesta de montar en Botnia un sistema de vigilancia que tome muestras donde el caño maestro de la pastera vuelca sus efluentes al río (la papelera tiene un solo caño que desagota en el cauce, a profundidad), y controle las emanaciones con sensores en su chimenea. Otro aspecto de la cuestión es que no quieren muestreos semanales o mensuales, sino instalar equipos automatizados que registren los datos de manera permanente.

Aunque el Uruguay se había mostrado hasta ahora renuente a permitir un control sobre cómo funciona la planta, los funcionarios argentinos que trabajan en el tema señalan que el gobierno uruguayo no tiene espacio para negarse, porque el fallo de la Corte Internacional de La Haya fue nítido. “La obligación de cooperar (que tienen entre sí el Uruguay y la Argentina) trae aparejado el monitoreo continuo de un establecimiento industrial, como la planta Orion (Botnia)”, estableció la sentencia en su párrafo 281.

Dos planes... ¿o ninguno?
Cuando se trata de Botnia, sin embargo, todo puede volverse viscoso. El acta que firmaron Mujica y Cristina Kirchner –a la que accedió Página/12– dice textualmente que los presidentes “acordaron llevar adelante, a través de la CARU, a) Un plan de vigilancia para la planta de Botnia-UPM, conforme a lo establecido en la sentencia. b) Un plan de control y prevención de la contaminación del Río Uruguay en el tramo compartido”.

Pero al día siguiente de la firma, el canciller uruguayo Luis Almagro salió a hacer declaraciones públicas en las que sostuvo lo contrario. Entrevistado por radio El Expectador, de Montevideo, dijo que su gobierno “no permitirá el ingreso a la planta para monitorearla” porque “es un tema de soberanía”. “Nuestra posición tiene una firmeza mayor en cuanto a no permitir el ingreso a la planta para monitorearla”, reiteró, dejando atónitos a los funcionarios argentinos.

En Buenos Aires no quieren darle demasiada entidad a esas declaraciones. “El que manda es Mujica”, señalan; pero no dejan de reconocer el cortocircuito, que es leído como otra muestra del enorme poder que tiene la empresa, que sigue siendo para el Uruguay la mayor inversión extranjera de su historia.

Además de su poderío económico, la compañía tiene una armadura legal que la convierte en prácticamente intocable: el Acuerdo de Protección de Inversiones que Uruguay firmó con Finlandia en el 2002, antes de que Botnia desembarcara en el país, como condición para instalarse. Por este convenio, el estado uruguayo está obligado a indemnizar a las empresas finlandesas que se establezcan en su territorio en el caso de que sufran “expropiaciones directas o indirectas” e incluso si tienen pérdidas “por manifestaciones o revueltas” en su contra. El acuerdo establece que en caso de controversia, las empresas podrán saltearse los juzgados nacionales y llevar el tema a los tribunales internacionales que les parezca. Es decir que en todo lo referido a Botnia, la legislación uruguaya está subordinada a los criterios del tribunal internacional que la empresa elija. Esto deja al gobierno uruguayo en una posición muy débil para intervenir. El convenio tiene vigencia por 20 años, que es el tiempo estimado de vida útil de la pastera.

Lo que vendrá
La CARU tiene cinco integrantes argentinos, presididos por Hernán Orduna, y cinco uruguayos, encabezados por Eugenio Lorenzo. Aunque en el imaginario quedó instalado que la CARU no sesiona hace años a raíz del conflicto por Botnia, en realidad todo este tiempo se ha reunido para tratar cuestiones sobre el uso de los puentes internacionales y el río. La sede de la CARU es una oficina construida junto al puente Colón-Paysandú, a un costado de la aduana uruguaya.

Sus miembros se reúnen allí todos los meses, generalmente para trabajar durante cinco días seguidos. El mecanismo consiste en considerar cada tema hasta llegar a un acuerdo; si no lo hay, la cuestión pasa a manos de los cancilleres. Cuando se trata de realizar algún trabajo conjunto, como será el caso del monitoreo, la CARU contrata a personal de organismos oficiales –nunca privados–, como el Instituto Nacional del Agua o el Servicio de Hidrografía Naval. En el caso del plan de vigilancia de Botnia, fue elaborado junto con la Secretaría de Medio Ambiente.

Una clave, dicen los técnicos que lo elaboraron, es que el control sea continuo. Además de colocar sensores para los efluentes líquidos y las emisiones gaseosas, la propuesta incluye:

- Controlar los insumos que ingresen a la planta y los productos que salen de ella.

- Monitorear otras industrias que funcionan en el predio, como Kemira.

- Difundir los datos que se vayan registrando simultáneamente con su recepción.

La CARU sesionó por última vez el 7 de mayo, cuando la delegación argentina presentó esta propuesta de monitoreo. Los uruguayos la rechazaron por completo. No aceptaron ninguno de sus puntos. Desde ese difícil lugar de no entendimiento, pero hoy con la orden de los presidentes de avanzar en un acuerdo, deberán partir ahora los negociadores.



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sábado, 5 de junio de 2010

HOY ES EL "DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE"


HOY ES EL "DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE"

Un derecho humano fundamental




En el marco del "Día mundial del medio ambiente", que se celebra hoy, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia recordó que tiene un área específica que aborda esta problemática y expresó "su firme compromiso con la protección y mejoramiento del medio ambiente, por considerar el derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano fundamental y esencial para el disfrute y ejercicio de los demás derechos, por la íntima vinculación del ambiente con el nivel de vida en general".

La Secretaría de Derechos Humanos, a través del área de Promoción y Protección de derechos Humanos de incidencia colectiva, genera acciones positivas para dar respuestas a las denuncias recibidas por el creciente impacto que tienen los problemas ambientales en la provincia y sus efectos sobre la sociedad.

"Debido a la diversidad de temas y problemáticas, su complejidad y la gran incidencia en las colectividades humanas más vulnerables su abordaje se hace desde un enfoque integrador y sistémico, articulando con las empresas de servicios públicos y los organismos del Estado involucrados y otros vinculados a organizaciones civiles y sociales", explicaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En ese sentido, desde el mes de abril pasado personal del área mencionada capacita en temas de derechos humanos con una perspectiva ambiental al personal del Programa Emprendimiento Ambiental Solidario de la Municipalidad de Rosario, el cual está vinculado con la recolección no formal de residuos urbanos. También participa en los Foros ambientales que organiza el Concejo municipal de Rosario, así como en eventos y actividades a la cual es invitada desde los más diversos espacios de reflexión y acción.

Las Naciones Unidas estableció el 5 de junio como el "Día Mundial del Medio Ambiente" luego de la Conferencia de Estocolmo en 1972, para poner de relieve las diferentes problemáticas relativas al medio ambiente.

La celebración de este día tiene como finalidad la sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover la atención y acción política al respecto. Darle una cara humana a los temas ambientales, motivar que las personas se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo, promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación, la cual garantizará que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro.

Para realizar consultas y denuncias la ciudadanía puede comunicarse a la línea gratuita 0800 555 3348 durante las 24 horas o concurrir a las sedes de la Secretaría de Derechos Humanos, Saavedra 2059 en la ciudad de Santa Fe y Moreno 248 en Rosario.

En 1994, la Reforma Constitucional incluyó en el capítulo de Nuevos Derechos y Garantías de la Constitución de la Nación Argentina, el artículo 41 que establece: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado".



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lunes, 26 de abril de 2010

DECENAS DE MILES DE PERSONAS EN GUALEGUAYCHU CONTRA EL FALLO DE LA HAYA POR LA PASTERA


DECENAS DE MILES DE PERSONAS EN GUALEGUAYCHU CONTRA EL FALLO DE LA HAYA POR LA PASTERA

“Sólo aceptaremos el desmantelamiento”

Pese a las informaciones sobre diferencias entre los vecinos de Gualeguaychú por el camino a seguir tras el fallo de La Haya, la convocatoria de ayer fue multitudinaria. Críticas a los gobiernos de Uruguay y Argentina.



Desde Gualeguaychú

En una multitudinaria marcha que ayer congregó a miles de personas sobre el puente Internacional General San Martín, la comunidad de Gualeguaychú rechazó la resolución del Tribunal Internacional de La Haya y volvió a exigir el desmantelamiento de la planta de celulosa UPM Botnia. La sexta manifestación anual de este tipo desde que comenzó el conflicto, puso de manifiesto la vitalidad del reclamo, más allá de las diferencias al interior de la comunidad acerca del mantenimiento del corte en la ruta 136 que comunica con la localidad oriental de Fray Bentos. El descontento con el veredicto sobre la contaminación de la pastera motivó fuertes reclamos de los asambleístas hacia el presidente uruguayo, José Mujica, al que exigieron que “pida perdón” por haber violado el Tratado del Río Uruguay, y a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de que tome “decisiones políticas contundentes”. Además, rechazaron el monitoreo conjunto del Río Uruguay entre ambos países, y prometieron continuar con las protestas mientras la planta siga operando a la vera del río compartido.

Había pasado más de una hora de caminata sobre la traza de la ruta, hasta que el comienzo de la tupida columna de manifestantes –que se extendió por un par de kilómetros– alcanzó el límite argentino del puente San Martín. Desde el agua, una treintena de embarcaciones saludaban a la multitud, mientras un helicóptero de la policía de Entre Ríos patrullaba desde el aire. Ese fue el lugar acordado para culminar el acto que la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú viene realizando desde hace seis años en contra de Botnia, y el momento de leer la proclama que, como anticipó Página/12, tuvo un fuerte contenido político. No fue una marcha más: era la primera luego del fallo de la Corte Internacional de La Haya, que encontró culpable al Estado uruguayo de violar el Estatuto del Río Uruguay al no informar a la Argentina debidamente sobre la construcción de la pasteras a orillas del río, pero que desestimó las pruebas de contaminación presentadas por la Cancillería argentina y, por ende no, vio motivos para ordenar el cese de sus operaciones.

Minutos después de las 15, la multitud se detuvo frente a un palco en el que dos asambleístas comenzaron la lectura de la proclama, mientras a lo lejos las chimeneas de Botnia no dejaban de humear. Parlantes distribuidos a lo largo de todo el trayecto reprodujeron las duras palabras que expresaron la postura de los ambientalistas, en lugar de la pegadiza música –que también hacía referencia al conflicto–, la cual acompañó el clima de fiesta que reinó durante el todo el recorrido. La cantidad de gente sobre el puente hizo que cuando saltaban al ritmo de las consignas, realmente se moviera. Himno argentino y uruguayo mediante, comenzó la lectura del documento:

“Jamás aceptaremos el control ni el monitoreo de la planta: nuestra exigencia es el inmediato desmantelamiento de Botnia-UPM”, comenzó el documento crítico hacia el veredicto de la Corte de La Haya y que ponía en palabras todas las consignas escritas en los carteles que portaban los vecinos. “El fallo, lejos de solucionar el conflicto lo agrava”, sostuvieron al cuestionar el hecho de que el Tribunal sólo haya tenido en cuenta las pruebas aportadas por el Estado oriental, puesto que éstas sólo estaban avaladas por organismos que eran parte interesada del conflicto. La queja se centró en el hecho de que a pesar de que Uruguay fue encontrado responsable de violar el tratado bilateral por el río en común, “no hubo castigo ejemplar”. La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y Finlandia –el país que tiene mayoría accionaria en la planta de celulosa– también fueron criticados.

Con el mandatario oriental José Mujica fueron menos indulgentes aún. “No les mienta a los uruguayos diciendo que el problema es el corte de la ruta 136”, reclamaron, además de tildarlo de servil a las multinacionales. “Usted tiene la llave: si saca a Botnia nosotros nos vamos de ahí”, desafiaron en referencia al corte de Arroyo Verde. “Hágase cargo y pida perdón, porque el Estado que usted conduce violó el Tratado del Río Uruguay y generó este conflicto”, concluyeron al recalcarle que empiece a hacer realidad “sus discursos progresistas”.

En tanto, el discurso tampoco ahorro críticas al Ejecutivo nacional. A la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le pidieron “coherencia”, y le exigieron “acciones concretas” para lograr el desmantelamiento de la pastera, al tiempo que remarcaron no querer ser “objeto de negocios”. Los reclamos puntuales a la Presidenta giraron en torno de la aplicación del código aduanero para no permitir que Botnia utilice insumos argentinos y la prohibición a empresas nacionales para que comercialicen con ella. De la misma forma, también refirieron a las pruebas de contaminación presentadas ante La Haya, exigiendo su publicación. En uno de los tramos más duros de la proclama le preguntaron a CFK “¿Qué festejan usted y los funcionarios nacionales de este fallo? ¿No cree que debe darnos explicaciones acerca de su derrota en el aspecto científico del juicio?”, rebatiendo así la postura oficial que se había mostrado conforme al haber logrado una condena moral al Uruguay por la violación del tratado bilateral, a la vez que pidieron “decisiones políticas contundentes”. Las declaraciones de ambos mandatarios la semana pasada, dejaron entrever que la cuestión de fondo había sido zanjada por el veredicto, postura que los asambleístas consideraron “inadmisible”, al exigir a Fernández el rechazo “al control y monitoreo conjunto de la planta”. “Será usted la responsable de lo que suceda de aquí en adelante”, amenazaron.

También aprovecharon la ocasión para dirigir los dardos hacia el gobernador provincial Sergio Urribarri por su intención de desarrollar el corredor vial del Río Uruguay, lo que –según estiman– obedece a un proyecto de extracción compulsiva de bienes naturales desde nuestro territorio en beneficio de compañías privadas. “Usted traiciona y entrega a su pueblo”, acusaron.

La pastera UPM pasó a un segundo plano en este documento que sólo detalló la cantidad de desechos arrojados por la planta de celulosa y el riesgo que entraña para el ecosistema de la cuenca acuífera.

Dos horas antes de ese momento, el ritual comenzó con una concentración pasando el corte de Arroyo Verde. Desde temprano colectivos y micros habían recogido gente desde el Corsódromo de Gualeguaychú y cientos de autos estacionaban a la vera de la ruta. Puntualmente a las 13 comenzó la oración ecuménica a cargo del obispo local, Jorge Lozano, el rabino Sergio Bergman, y pastores evangélicos. Bergman, cuya presencia fue significativa por el tinte político que agrega, llamó a respetar la ley aun cuando “la Justicia resulte imperfecta”. El ex gobernador entrerriano Jorge Busti y el intendente local Juan José Bahillo escuchaban con atención desde la primera fila. Más lejos Vilma Ripoll y Alfredo de Angelis se perdían en la multitud. Puestos de merchandising vendían desde ojotas, remeras y gorros hasta termos con calcomanías alusivas al reclamo.

“Fuera Botnia UPM ilegal”, “Uruguay violador” eran las consignas que más se repetían entre los carteles y pancartas que portaban los manifestantes. Una cuenta regresiva dio inicio a la caminata justo a las 14. Agrupaciones ambientalistas de todo el país suscribían a la marcha y hasta en algunos casos enviaron sus propias delegaciones. Corriente Clasista y Combativa y Federación Agraria estuvieron entre las entidades que apoyaron la movilización que no son ambientalistas. Bombas de estruendo y baile de los más jóvenes que encabezaban la marcha señalaban el camino.

Todo fue organizado y en orden: una veintena de gendarmes estaba apostada arriba del puente como una presencia simbólica que aseguraba que los posibles incidentes azuzados desde el Uruguay no prosperarían. En el río, lanchas, barcos y hasta kayaks lanzaron bengalas, tras lo cual se acercaron al ilegal puerto de UPM para manifestarse.

Lejos de aplacarse tras el dictamen de La Haya, el conflicto recibió un masivo apoyo, y en la postura que adoptaron los ambientalistas, el foco de atención giró hacia las futuras decisiones políticas que tomen los mandatarios del Río de La Plata. La reunión bilateral del miércoles se aguarda con expectativas en Gualeguaychú, y los ambientalistas anunciaron que trasladarán la protesta al sitio donde tenga lugar la reunión entre los presidentes. De su lado queda definir qué sucederá a partir de ahora con el corte en Arroyo Verde en una asamblea ampliada para la cual aún no hay fecha firme.

Informe: Gabriel Morini



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domingo, 25 de abril de 2010

Gualeguaychú marchó contra Botnia luego del veredicto de La Haya


SEXTA MARCHA ANUAL

Gualeguaychú marchó contra Botnia luego del veredicto de La Haya

La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú realizó una manifestación hacia el puente internacional San Martín que comunica la ciudad entrerriana con la uruguaya Fray Bentos “en repudio de la decisión que tomó la Corte Internacional de La Haya” sobre el conflicto por la instalación de la pastera finlandesa. Reclamó al presidente uruguayo, José Mujica, que "pida perdón" por haber violado el Tratado del Río Uruguay.



La Asamblea Ambiental de Gualeguayuchú reclamó hoy al presidente uruguayo, José Mujica, que "pida perdón" por haber violado el Tratado del Río Uruguay y le manifestó que "si saca" la pastera UPM de Fray Bentos será levantado el corte de ruta.

En una proclama leída esta tarde durante el sexto "Abrazo al Río Uruguay", la Asamblea exigió a Mujica que "pida perdón porque el Estado que conduce violó el Tratado" del río compartido. Destacó que "la hermandad de los pueblos no se forja en el servilismo a las multinacionales" como la pastera finlandesa y que "no alcanzan las fotos simpáticas" para superar el conflicto, tras lo cual le recordó su postura respecto de que la pastera puede provocar un "desastre ecológico" en la región.

La primera de las actividades previstas fue una oración ecuménica, a cargo del obispo de Gualeguaychú, Jorge Lozano, el rabino Sergio Bergman y representantes de otras creencias.

Desde temprano, miles de personas comenzaron a dirigirse al paso internacional que desde hace más de 3 años los ambientalistas mantienen cortado para protestar contra la instalación de la pastera Botnia.

En diálogo con Radio Del Plata, el abogado de la Asamblea de Gualeguaychú explicó el cronograma de actividades. “A las 13 se dirá una oración y luego iniciará la marcha que terminará con una proclama y a partir de las 15 horas será la desconcentración”, explicó el letrado Osvaldo Fernández.

Sobre los motivos de la manifestación, aseguró que es “en repudio de la decisión que tomó la Corte Internacional de La Haya” y vaticinó que será una marcha “pacífica” pues “no habrá enfrentamientos ni situaciones que generen complicaciones”.

Además, negó que en la manifestación de hoy vaya a decidirse el futuro del corte, lo que será analizado en cambio en una “asamblea ampliada” próxima a realizarse pero que aún no tiene fecha.

"Nosotros habíamos resuelto convocar a una asamblea ampliada para discutir estrategias para ver cómo seguimos nuestra lucha. Todavía no tiene fecha, pero será dentro de pocos días. Tenemos la decisión de seguir la lucha hasta lograr nuestro objetivo de trasladar la papelera Botnia", dijo Fernández, abogado de la asamblea ambientalista.

Por otra parte, advirtió que “Uruguay tiene el proyecto de instalar 7 pasteras en la región, por eso es nuestra decisión de seguir luchando, la gente se dará cuenta que La Haya no ha solucionado el conflicto con esta decisión”, sentenció.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Comerciantes de Fray Bentos, Leopoldo Cairus, explicó que la movilización paralela que tendrá lugar en esa localidad uruguaya incluye el embanderamiento de casas y comercios y lo que se ha denominado una "contramarcha" a la cabecera del puente, del lado de Uruguay. No obstante, negó toda posibilidad de que las dos columnas se encuentren.

“En la zona del puente, vamos a estar a una cierta distancia de la cabecera del puente, no nos vamos alcanzar ni ver a la gente de Gualeguychú”, dijo en diálogo con Radio 10.

Además, dijo que los activistas de Fray Bentos tienen “centradas sus esperanzas” en el accionar de los dos gobiernos más que en la movilización de los dos pueblos, y afirmó que lo que lo moviliza es el deseo de “dejarle a mis hijos y nietos un vínculo fraterno con Gualeguaychú” para lo que “sería un paso muy importante” que se levante el corte del Puente Internacional San Martín.

“Nosotros lo que tenemos es centradas esperanzas es en los gobiernos, porque nosotros tenemos poco margen de maniobra para negociar. Son los gobiernos que se deben juntar y esta invitación a estar en la cabecera del puente hoy es con mucha tranquilidad porque tenemos cifradas esperanzas en el encuentro del miércoles entre Cristina y Mujica”, afirmó.



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Gualeguaychú usos y abusos de la sociedad civil


Por José Natanson

Las transformaciones experimentadas por la democracia en tiempos de globalización, auge de los medios de comunicación e individuación de la vida social se reflejan también en la sociedad civil. Desaparecida por obsoleta la idea de pueblo (en el sentido de una entidad única, unánime en sus convicciones y protagonista de una relación bilateral con el líder), las investigaciones y estudios tienden a hablar, cada vez más, de “ciudadanía”: capaz de asociarse y actuar en un marco de democracia liberal, la ciudadanía carece de la supuesta homogeneidad del pueblo.

Como sostiene Isidoro Cheresky (Ciudadanía, sociedad civil y participación política, Miño y Dávila), la ciudadanía hoy parece manifestarse, básicamente, en dos formas polares: la audiencia y el estallido. La primera es conocida: su protagonista, la opinión pública, se expresa a través de los medios masivos de comunicación y, aunque a primera vista parece asumir una posición meramente pasiva, una especie de grado cero de ciudadanía, deja entrever sus preferencias políticas por vía de las encuestas, que marcan su pulso (y a menudo el de los políticos).

La segunda forma, el estallido, es episódica, aunque muchas veces produzca efectos deletéreos, y a veces revela, dramáticamente, la anomia social encubierta. Es la ciudadanía como multitud, muy presente en la transición pos-neoliberal latinoamericana, desde el Caracazo venezolano de 1989 hasta, más cerca en el tiempo, las protestas indígenas que desembocaron en el golpe de Estado contra Jamil Mahuad en el 2000, o las guerras bolivianas del gas y del agua, y por supuesto en el cacerolazo de diciembre del 2001 en la Argentina.

Entre estos dos polos, la audiencia y el estallido, existe también una trama de “militancia social” –comedores, cooperativas, empresas recuperadas, microempredimientos– que le otorga densidad a la sociedad civil local. Sin embargo, pese al entusiasmo de algunos académicos fascinados con la creatividad de sectores sociales a los que en general no pertenecen, se trata de experiencias interesantes como laboratorio social, pero ciertamente irrelevantes en una mirada general de la economía y la política: ninguna de ellas, ni todas ellas sumadas, han logrado incidir en el curso de las grandes políticas nacionales (cosa que sí hace la sociedad civil como audiencia y la sociedad civil como estallido).

Y existe también una sociedad civil compuesta por organizaciones de “representatividad virtual”, que acumulan un largo trabajo y varias conquistas, cuyo paradigma son los organismos de derechos humanos. Con su movilización siempre pacífica, su apelación a los mecanismos legales (juicios, cambios en la legislación, etc.) y su capacidad para aprovechar los avances tecnológicos (presencia en los medios de comunicación, genética) han sido los grandes fundadores de la sociedad civil argentina contemporánea. Como señala Enrique Peruzotti (“La democratización de la democracia. Cultura política, esfera pública y aprendizaje colectivo”), el discurso de los derechos humanos permitió reunir dos cuestiones que la tradición populista había separado, democracia y constitucionalismo, y ubicarlas como un todo indivisible. Los organismos de derechos humanos no sólo definieron los contornos de la sociedad civil, sino que también incidieron en la forma de nuestra democracia, marcando una ruptura político-cultural que ha sido más fuerte en sociedades como la nuestra, con un fuerte pasado populista, que en aquellas de tradición más liberal, como la chilena o la uruguaya.

En este contexto, la asamblea de vecinos de Gualeguaychú es una excepción. No es la ciudadanía como audiencia, ni un estallido que se apagó como los fuegos de octubre, no es un organismo de derechos humanos y su perfil socioeconómico se encuentra varios deciles por arriba del promedio de las organizaciones sociales de base. Aunque de raíz obviamente local, ha adquirido peso nacional.

¿Cómo se explica esta excepcionalidad? En primer lugar, por las características particulares de Gualeguaychú, que pese a sus escasos 76 mil habitantes no es una ciudad más. Con una larga historia y un fuerte protagonismo en las guerras federales (fue en la isla Libertad, frente a sus costas, donde Urquiza reunió al Ejército Grande), Gualeguaychú ha desarrollado una identidad propia, relacionada con el río, el paisaje y, por supuesto, el carnaval (el hecho de que la primera gran marcha contra las pasteras, el 30 de abril del 2005, haya partido del Corsódromo es sintomático). Cuenta con un sector de servicios hiperdesarrollado (1200 plazas hoteleras, 2500 camas en cabañas de alquiler y 17 campings) que, junto a la pequeña y mediana actividad agropecuaria, sostiene a la pequeña-burguesía que hegemoniza la sociedad local.

El sentido de identidad de Gualeguaychú, su relación con el paisaje y el río, quizás ayuden a explicar la sensación de desastre inminente que se instaló cuando comenzó a construirse la pastera, lo que, a su vez, llevó a la elección del eje programático de la protesta. Como sostienen Vicente Palermo y Carlos Reboratti (Del otro lado de río. Ambientalismo y política entre argentinos y uruguayos, Edhasa), la consigna elegida no fue “no a la contaminación”, posición que podría ser defendida mediante, por ejemplo, la elaboración de estudios de monitoreo ambiental conjuntos entre ambos gobiernos, con participación de los vecinos. El slogan fue “no a las papeleras”, lo que implicaba que la única forma de evitar la contaminación era que las plantas no existieran, con un giro dramático expresado en frases como “No a las papeleras, sí a la vida” o “Si Botnia nace, Gualeguaychú muere”, que hacían imposible cualquier camino intermedio y bloqueaban cualquier solución diferente al desmantelamiento de la pastera.

Pero ni las características particulares de Gualeguaychú ni la elección de la consigna alcanzan para explicar la excepcionalidad de la protesta y el alcance que adquirió. Los vecinos consiguieron: incidir en la designación de la máxima autoridad nacional en materia de medio ambiente, impulsar al Estado argentino a presentar la primer demanda internacional ante La Haya, nada menos que contra Uruguay, y condicionar la política exterior del país durante varios años.

Fue, claro, la herramienta elegida, el corte de ruta, lo que les permitió hacer todas estas cosas. Un instrumento de acción directa que otras organizaciones utilizaron y utilizan, aunque siempre de manera transitoria (ni al grupo de piqueteros más rebelde se le ocurriría mantener cortada una ruta durante años) y que puede ser calificado como un recurso extremo en la medida en que implica un daño a terceros (es decir, lo que cualquier manual de táctica y estrategia recomendaría dejar para el final).

Y esto, a su vez, se explica por el método elegido para tomar las decisiones. Como se señalé en otra oportunidad (18/1/2009), los habitantes de Gualeguaychú podrían haber optado por otro sistema: una comisión de vecinos encargada de negociar, la votación de un mandato para el gobernador o el intendente o la designación de un comité de especialistas en medio ambiente. Pero se inclinaron por la asamblea, en la que cualquier decisión es sometida a la consideración general en reuniones totalmente abiertas y horizontales, donde todos tienen la posibilidad de participar.

Pero la asamblea tiene problemas. En tanto método de decisión política, puede ser útil y democrática en ambientes pequeños, como la asamblea de trabajadores de una fábrica o una reunión de consorcistas, es decir, para ámbitos bien delimitados (la asamblea de Ford puede decidir sobre los trabajadores de Ford, pero no sobre los de Peugeot). También puede ser un mecanismo eficaz para destrabar algún tema puntual consultando a la población a través de un plebiscito, aunque eso requiere ciertas reglas institucionales (curiosamente, los vecinos de Gualeguaychú descartaron indignados la propuesta de realizar un plebiscito formulada por Jorge Busti, lo que revela que el amor por los métodos de democracia directa decae cuando existe el riesgo de que se modifiquen las decisiones).

En todo caso, el problema de la asamblea –que es el problema de la democracia directa en las sociedades de masas– es que se distorsiona cuando se trata de desarrollar estrategias sostenidas en el tiempo. Y es que en toda asamblea tiende a imponerse una dinámica gravitatoria que impulsa la radicalización de las posiciones y que se agudiza cuando, como en Gualeguaychú, se actúa con una lógica de ciudad sitiada. En estos casos, los halcones se comen a las palomas y la posibilidad de revertir una decisión ya tomada se hace prácticamente imposible. Y es que debe haber pocos métodos menos adecuados que una asamblea para llevar adelante negociaciones complejas, que exigen astucia táctica para, recurriendo a la jerga castrense, obtener resultados estratégicos. Sucede que en una asamblea no existen los mecanismos de representación que permiten elegir una conducción que se autonomice de las bases y adquiera márgenes de libertad. Como cualquier decisión debe ser sometida a la consideración de todos los vecinos, los atributos básicos de un buen negociador –prudencia, astucia, secreto– se hacen imposibles.

Retomando las ideas señaladas al comienzo, la excepcionalidad de Gualeguaychú, en el marco de la sociedad civil argentina, se explica por varios factores –la fuerte identidad local, la consigna elegida y el método de protesta adoptado– relacionados entre sí. Y también, por supuesto, por los derrapes de ambos gobiernos y por el aval conseguido en un sector de la sociedad y los medios de comunicación, al menos al comienzo. Y en este sentido resulta interesante llamar la atención sobre una tendencia, curiosamente presente en círculos ilustrados, a confundir el método con la meta. El razonamiento es el siguiente: como la asamblea es un mecanismo democrático, igualitario y transparente, entonces todas sus decisiones son necesariamente buenas. Es una falacia, por supuesto, y si no a las pruebas me remito. Para no caer en los miles de ejemplos históricos de asambleas que adoptaron decisiones atroces, sugiero uno más suave y más cercano. En pleno conflicto Gobierno-campo, la protesta de los productores rurales adquirió un formato asombrosamente parecido al de Gualeguaychú: el mismo método de decisión (la asamblea), para una misma herramienta (el corte de rutas), adoptada por personas de similar extracción social (al menos clase media) y hasta algunos liderazgos coincidentes (el incombustible Alfredo de Angeli, a quien en estos días hemos visto revivir al calor de la protesta ambientalista).



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EL ACUERDO DE COCHABAMBA LLEVARIA A LOS PAISES A ADOPTAR SUS MATRICES ENERGETICAS NO CONTAMINANTES


EL ACUERDO DE COCHABAMBA LLEVARIA A LOS PAISES A ADOPTAR SUS MATRICES ENERGETICAS NO CONTAMINANTES

Planteo radical en la cumbre medioambiental

Los firmantes se comprometieron a detener las explotaciones hidrocarburíferas y forestales en las selvas, respetar el derecho a la consulta en estas comunidades y la titulación de tierras a favor de comunidades y pueblos indígenas.


Por Sebastián Ochoa

Desde Cochabamba

El vice boliviano García Linera, Evo Morales, Hugo Chávez y Tomás Borge en la cumbre ecológica de Cochabamba.
Imagen: EFE.
Los encuentros sociales para proponer alternativas al fin del mundo concluyeron con planteos radicales y ambiciosos. El cumplimiento del Acuerdo de Cochabamba obligaría a los países, incluido Bolivia, a olvidarse de extraer recursos naturales de selvas y territorios indígenas. O al menos consultar a las comunidades, como dicen varios tratados internacionales intrascendentes para los estados adheridos. Además los llevaría a cambiar sus matrices energéticas por otras que no contaminen la atmósfera. Miles de personas dejaron esta ciudad persuadidas de que sus consensos se concretarán en algo. Según ellos, toca ahora a los gobiernos encargarse del reclamo o pagar también esas consecuencias. Como señal de que tomará en cuenta el texto elaborado por 35 mil personas, el gobierno boliviano anunció la creación del Ministerio de la Madre Tierra.

Los documentos de las 17 mesas de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra (Cmpcc) no tienen grandes diferencias con la resolución de la Mesa 18, que sesionó también en Cochabamba sin el reconocimiento del gobierno. Muchas personas participaron en ambos espacios, muchas otras fueron con las mismas propuestas: detener las explotaciones forestales e hidrocarburíferas en las selvas, respetar el derecho a la consulta en estas comunidades y la titulación de tierras a favor de comunidades y pueblos indígenas.

“Este modelo capitalista impone megaproyectos de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas, privatiza y mercantiliza el agua y militariza los territorios expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus territorios, impidiendo la soberanía alimentaria y profundizando la crisis socioambiental”, denuncia el texto de la Cmpcc.

“Los gobiernos deben eliminar las concesiones forestales y apoyar la conservación del petróleo bajo la tierra y detener urgentemente la explotación de hidrocarburos en las selvas”, dice el acuerdo cochabambino.

En este sentido, sostiene que “la mejor estrategia y acción para evitar la deforestación y degradación y proteger los bosques nativos y la selva es reconocer y garantizar los derechos colectivos de las tierras y territorios, considerando especialmente que la mayoría de los bosques y selvas están en los territorios de pueblos y naciones indígenas, comunidades campesinas y tradicionales”.

También demanda “la plena y efectiva aplicación del derecho a la consulta, la participación y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas en todos los procesos de negociación, así como en el diseño e implementación de las medidas relativas al cambio climático”.

Para ello, exigen que se respeten instrumentos de derecho internacional, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado en la mayoría de los países de las Naciones Unidas; o la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, elaborado por la ONU pero constitucionalizado sólo por Bolivia.

El documento final reflejó la preocupación de los acreditados, venidos de 140 países, por la explotación acelerada de los recursos de este mundo. “En la actualidad ya se ha excedido en más de un 30 por ciento la capacidad del planeta para regenerarse. A este ritmo de sobreexplotación de nuestra Madre Tierra, se necesitarían dos planetas para el 2030”, según el acuerdo.

Ese motivo, entre otros, justificó la propuesta de hacerle derechos a la Tierra. “En un sistema interdependiente, del cual los seres humanos somos uno de sus componentes, no es posible reconocer derechos solamente a la parte humana sin provocar un desequilibrio en todo el sistema. Para garantizar los derechos humanos y restablecer la armonía con la naturaleza, es necesario reconocer y aplicar efectivamente los derechos de la Madre Tierra”, dice el texto.

Algunos de los derechos propuestos para la Tierra son “a la vida y a existir”, “a ser respetada”, “a la continuación de sus ciclos y procesos vitales libre de alteraciones humanas”, “al agua como fuente de vida”, “al aire limpio”, “a estar libre de la contaminación y polución de desechos tóxicos y radiactivos”.

De acuerdo con el Protocolo de Kioto, los 42 países más industrializados están obligados a disminuir sus emisiones de gases contaminantes en un cinco por ciento entre 2008 y 2012. En la Conferencia de Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 15) realizada en diciembre pasado en Copenhague, se propuso que de aquí en adelante cada país emitiera menos gases en forma voluntaria, según las necesidades de sus negocios.

En la Cmpcc definieron que entre 2013 y 2020 los 42 países del llamado Anexo 1 reduzcan sus emisiones en un 50 por ciento. Esa posición defenderá Bolivia en la COP 16, que será a fin de año en Cancún, México. Posiblemente, algunos de los 48 gobiernos que enviaron delegaciones oficiales a esta conferencia apoyen este reclamo.

Con una reducción del 50 por ciento se espera que el aumento de la temperatura del planeta no sobrepase los dos grados en el próximo siglo y se estabilice en 1,5. El Entendimiento de Copenhague, deplorado por la concurrencia, plantea una tolerancia de hasta dos grados. Sin embargo, varios científicos presentes en la Cmpcc destacaron que ese entendimiento llevaría a que la Tierra tuviera cuatro grados más y muchas poblaciones costeras menos.

También definieron la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática, encargado de juzgar a los estados y empresas que contaminen. Para que esta instancia funcione, en la Cmpcc exigieron una “profunda reforma” en la estructura de la ONU. Y convocaron a la constitución de un movimiento global que vigile la aplicación del Acuerdo de Cochabamba, cuyo texto entero se encuentra en www.cmpcc.org.

Calcularon que el costo de la deuda climática de los países industrializados hacia los empobrecidos ascendería al seis por ciento anual de sus PBI. “Esto es viable tomando en cuenta que gastan un monto similar en defensa nacional y destinaron cinco veces más para rescatar bancos y especuladores en quiebra, lo que cuestiona seriamente sus prioridades mundiales y su voluntad política”, se lee en el acuerdo.

El gobierno de Evo Morales quiso dar el primer paso para ese lado y proclamó la creación del Ministerio de la Madre Tierra. El vicepresidente, Alvaro García Linera, dijo que la nueva cartera recogerá “buena parte de lo que hoy es el Viceministerio de Medio Ambiente y Agua, pero también está claro que tendrá que asumir responsabilidades en función del documento de Cochabamba”.

Aprobar la ley de la Madre Tierra no debiera traer dificultades al actual gobierno, que controla dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Como país capitalista atrasado, Bolivia debería desistir en sus intenciones de extraer petróleo del selvático norte de La Paz, según denuncia el pueblo indígena Leco a la empresa Petroandina, conformada por YPFB (del Estado Plurinacional) y Pdvsa (de capitales venezolanos). También tendría que respetar el derecho a la consulta de los indígenas que viven cerca de emprendimientos mineros, como reclaman los quechuas y aymaras reunidos en el Consejo Nacional de Markas y Ayllus de Qullasuyu (Conamaq). Esta organización, aunque aliada al gobierno de Morales, promovió la creación de la Mesa 18.

Este espacio, que contó con más de tres mil inscriptos, sesionó a tres cuadras de la conferencia, en la localidad de Tiquipaya, Cochabamba. Allí se explayaron sobre casos puntuales de contaminación en poblaciones y quitaron un poco de romanticismo al “proceso de cambio” que por un lado pronuncia discursos en defensa de la Pachamama, pero por otro avala la operación de transnacionales que rechaza la población. Además de conflictos bolivianos, aquí trataron sobre la lucha por la propiedad colectiva de la tierra de campesinos de Córdoba y los perjuicios que ocasionan empresas mineras en Catamarca y San Juan, entre otros.



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